Esta medida podría beneficiar a más de 2 millones de consumidores. Sin embargo, el departamento que dirige José Manuel Soria aún no tiene claro cómo implementarlo tras estudiar diversas fórmulas durante más de seis meses
En estos momentos en los que España pasa por una etapa en la que muchas familias se encuentran en situaciones extremas, el uso de bonos sociales para el gas sería una solución de la que muchas personas podrían beneficiarse. Esto es lo que persigue la Comisión Europea, que en sus últimas recomendaciones ha instado al Gobierno español a dar respaldo a aquellos “clientes vulnerables” en un momento en el que los costes energéticos no dejan de subir.
Sin embargo, y tal y como ha podido saber ARNdigital de fuentes próximas al Ministerio de Industria, este subsidio, que ya se encuentra implantada desde hace algunos años en países como Francia, Italia y Reino Unido, sigue siendo prácticamente “un gran desconocido” para el propio departamento que dirige José Manuel Soria. Y es que sus técnicos siguen sin tener claro cómo implementarlo, pese a que han estudiado diversas fórmulas a lo largo de más de seis meses.
Una de estas fórmulas, según las fuentes consultadas, iba en la línea de implementar un sistema similar al del bono social de la luz que se ha fijado para las empresas eléctricas, y con el que se pretende apoyar a aquellos sectores de la población con más problemas a la hora de pagar el recibo.
De esta iniciativa ya se benefician alrededor de tres millones de consumidores, y en ella participan Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa, E.ON Generación, AES Cartagena, Bizkaia Energía, Castel nou Energía, Nueva Generadora del Sur, Bahía de Bizkaia Electricidad y Tarragona Power. Ahora bien, como la reforma energética del Gobierno se ha quedado a medio camino y no ha tenido en cuenta a los consumidores de gas, que son más de 7.258.501 personas, lo que se ha tratado de llevar a la práctica son sistemas a medio camino entre el bono social de la luz y las nuevas ayudas para los consumidores de gas.
¿Una propuesta “insuficiente”?
Por lo tanto, y de acuerdo con los pocos rumores que se conocen hasta hoy, es muy posible que el bono del gas pueda tener las mismas características que tiene el bono social eléctrico y que las personas que se beneficien de él tengan que cumplir los mismos requisitos. En otras palabras: los hogares que podrían aspirar a ser beneficiarios deberán estar formados por pensionistas de más de 60 años, o por familias numerosas, o tener a todos sus miembros en desempleo. En el caso de la luz, también es indispensable tener contratado una potencia inferior a 3KW.
De confirmarse estos rumores, algunas de las grandes empresas eléctricas podrían no ver el proyecto viable, ya que se habla de “dos productos completamente diferentes”, apuntan fuentes del entorno de Gas Natural, empresa que desde el mes de marzo oferta a sus clientes el bono social eléctrico.
Este punto de vista contrasta radicalmente con el de Industria, que entre las diversas fórmulas que estaría barajando habría estudiado la posibilidad de fusionar el bono social eléctrico con las nuevas ayudas al gas, creando un “cheque energético” que las eléctricas abonarían por medio de una cuenta bancaria, y que el Estado repartiría entre los consumidores. Pero esta propuesta ha sido calificada como de “insuficiente, excesivamente compleja y superficial” desde el entorno del propio Ministerio de Industria, ya que se considera que no sólo no tiene en cuenta las peculiaridades asociadas a los diversos perfiles de posibles beneficiarios, sino que además obligaría a modificar nuevamente toda la regulación energética “a tiempo récord”.
Falta de regulación
A todo esto se añade la falta de coordinación de Industria con el principal organismo de supervisión de los sectores gasista y eléctrico en nuestro país, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), desde la cual se asegura no tener constancia de ninguno de los proyectos que se estarían estudiando.
Pero, además, hay que tener en cuenta el problema que supone la falta de regulación, dado que el bono social eléctrico se ha empezado a aplicar sin haberse establecido un umbral para la renta familiar mínima, lo que se traduce en que cada compañía eléctrica puede poner sus propias restricciones.
El bono social consiste en una tarifa reducida, actualmente en torno al 25% más barata que el resto, y que es diferente a la tarifa de último recurso aunque se tienden a confundir. Esta última consiste en un sistemas de precios fijado directamente por el Gobierno y no es necesario realizar ninguna gestión para beneficiarse de ella, basta con tener contratado una potencia inferior a 10 KW en el caso de la luz o realizar un consumo inferior a 5.000Kw/año en el caso del gas.
Sin embargo, el caso del bono social es diferente, ya que para obtenerlo sí es necesario que el consumidor lo pida expresamente y cumpla una serie de requisitos indispensables. En la actualidad, de los más de 7,2 millones de consumidores de gas, cerca del 35% utilizan una tarifa de último recurso (2.580.000 personas). El resto se atiene al precio libre. Por ello, es lógico pensar que parte de los consumidores que ahora utilizan la tarifa de último recurso, en el momento que se aplique el bono social, puedan beneficiarse de él.
Europa, el ejemplo a seguir
La falta de soluciones de la que parece adolecer Industria parece estar muy lejos de las medidas llevadas a cabo en varios países vecinos. Así, en Reino Unido ya no existen tarifas integrales y todos los consumidores acuden al mercado libre, en el que las empresas y la Administración buscan mecanismos variados para aquellos clientes más desfavorecidos. Estos sistemas se engloban bajo el concepto de ‘fuel poverty’ o lo que es lo mismo, pobreza energética y se aplican a todos aquellos consumidores que gastan más del 10% de su renta en pagar el consumo energético, tanto de luz como de gas.
En Italia estas medidas se llevan aplicando desde 2008 para el caso de la electricidad y desde 2009 para el gas. Las características principales del bono social italiano son, por un lado, que el cliente debe demostrar ante el Ayuntamiento que cumple una serie de requisitos, concretamente que tiene unos ingresos inferiores a 7.500 euros anuales y un contrato de menos de 3KW, para beneficiarse de un bono compensatorio anual de los pagos eléctricos. El derecho de a la compensación debe ser renovado cada año y el coste desprendido de la reducción a los clientes “vulnerables” es compensado por un pequeño recargo al resto de clientes.
Francia también utiliza unos mecanismos similares desde 2012 que han sido renovados en 2013. En el país se aplican de forma automática las denominadas tarifas sociales TPN (Tarifas de Primera Necesidad) para el caso de la electricidad y las tarifas TSS (Tarifa Especial de Solidaridad) para el suministro del gas natural.
Entre las características de estas tarifas se encuentra la aplicación de un descuento en los primeros 100KW de gasto al mes en electricidad, que va en función del número de personas que conformen la unidad familiar y con un tope anual de 71-140 euros. En el caso del gas, se aplica un descuento fijo que va de los 22 a los 116 euros anuales, también sujeto al número de personas en el hogar. Para el caso de las viviendas que cuentan con calefacción central, entregan un cheque individual de 119 euros anuales, siempre y cuando en la vivienda haya más de una persona.
Una de estas fórmulas, según las fuentes consultadas, iba en la línea de implementar un sistema similar al del bono social de la luz que se ha fijado para las empresas eléctricas, y con el que se pretende apoyar a aquellos sectores de la población con más problemas a la hora de pagar el recibo.
De esta iniciativa ya se benefician alrededor de tres millones de consumidores, y en ella participan Endesa, Iberdrola, Gas Natural, Unión Fenosa, E.ON Generación, AES Cartagena, Bizkaia Energía, Castel nou Energía, Nueva Generadora del Sur, Bahía de Bizkaia Electricidad y Tarragona Power. Ahora bien, como la reforma energética del Gobierno se ha quedado a medio camino y no ha tenido en cuenta a los consumidores de gas, que son más de 7.258.501 personas, lo que se ha tratado de llevar a la práctica son sistemas a medio camino entre el bono social de la luz y las nuevas ayudas para los consumidores de gas.
¿Una propuesta “insuficiente”?
Por lo tanto, y de acuerdo con los pocos rumores que se conocen hasta hoy, es muy posible que el bono del gas pueda tener las mismas características que tiene el bono social eléctrico y que las personas que se beneficien de él tengan que cumplir los mismos requisitos. En otras palabras: los hogares que podrían aspirar a ser beneficiarios deberán estar formados por pensionistas de más de 60 años, o por familias numerosas, o tener a todos sus miembros en desempleo. En el caso de la luz, también es indispensable tener contratado una potencia inferior a 3KW.
De confirmarse estos rumores, algunas de las grandes empresas eléctricas podrían no ver el proyecto viable, ya que se habla de “dos productos completamente diferentes”, apuntan fuentes del entorno de Gas Natural, empresa que desde el mes de marzo oferta a sus clientes el bono social eléctrico.
Este punto de vista contrasta radicalmente con el de Industria, que entre las diversas fórmulas que estaría barajando habría estudiado la posibilidad de fusionar el bono social eléctrico con las nuevas ayudas al gas, creando un “cheque energético” que las eléctricas abonarían por medio de una cuenta bancaria, y que el Estado repartiría entre los consumidores. Pero esta propuesta ha sido calificada como de “insuficiente, excesivamente compleja y superficial” desde el entorno del propio Ministerio de Industria, ya que se considera que no sólo no tiene en cuenta las peculiaridades asociadas a los diversos perfiles de posibles beneficiarios, sino que además obligaría a modificar nuevamente toda la regulación energética “a tiempo récord”.
Falta de regulación
A todo esto se añade la falta de coordinación de Industria con el principal organismo de supervisión de los sectores gasista y eléctrico en nuestro país, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMC), desde la cual se asegura no tener constancia de ninguno de los proyectos que se estarían estudiando.
Pero, además, hay que tener en cuenta el problema que supone la falta de regulación, dado que el bono social eléctrico se ha empezado a aplicar sin haberse establecido un umbral para la renta familiar mínima, lo que se traduce en que cada compañía eléctrica puede poner sus propias restricciones.
El bono social consiste en una tarifa reducida, actualmente en torno al 25% más barata que el resto, y que es diferente a la tarifa de último recurso aunque se tienden a confundir. Esta última consiste en un sistemas de precios fijado directamente por el Gobierno y no es necesario realizar ninguna gestión para beneficiarse de ella, basta con tener contratado una potencia inferior a 10 KW en el caso de la luz o realizar un consumo inferior a 5.000Kw/año en el caso del gas.
Sin embargo, el caso del bono social es diferente, ya que para obtenerlo sí es necesario que el consumidor lo pida expresamente y cumpla una serie de requisitos indispensables. En la actualidad, de los más de 7,2 millones de consumidores de gas, cerca del 35% utilizan una tarifa de último recurso (2.580.000 personas). El resto se atiene al precio libre. Por ello, es lógico pensar que parte de los consumidores que ahora utilizan la tarifa de último recurso, en el momento que se aplique el bono social, puedan beneficiarse de él.
Europa, el ejemplo a seguir
La falta de soluciones de la que parece adolecer Industria parece estar muy lejos de las medidas llevadas a cabo en varios países vecinos. Así, en Reino Unido ya no existen tarifas integrales y todos los consumidores acuden al mercado libre, en el que las empresas y la Administración buscan mecanismos variados para aquellos clientes más desfavorecidos. Estos sistemas se engloban bajo el concepto de ‘fuel poverty’ o lo que es lo mismo, pobreza energética y se aplican a todos aquellos consumidores que gastan más del 10% de su renta en pagar el consumo energético, tanto de luz como de gas.
En Italia estas medidas se llevan aplicando desde 2008 para el caso de la electricidad y desde 2009 para el gas. Las características principales del bono social italiano son, por un lado, que el cliente debe demostrar ante el Ayuntamiento que cumple una serie de requisitos, concretamente que tiene unos ingresos inferiores a 7.500 euros anuales y un contrato de menos de 3KW, para beneficiarse de un bono compensatorio anual de los pagos eléctricos. El derecho de a la compensación debe ser renovado cada año y el coste desprendido de la reducción a los clientes “vulnerables” es compensado por un pequeño recargo al resto de clientes.
Francia también utiliza unos mecanismos similares desde 2012 que han sido renovados en 2013. En el país se aplican de forma automática las denominadas tarifas sociales TPN (Tarifas de Primera Necesidad) para el caso de la electricidad y las tarifas TSS (Tarifa Especial de Solidaridad) para el suministro del gas natural.
Entre las características de estas tarifas se encuentra la aplicación de un descuento en los primeros 100KW de gasto al mes en electricidad, que va en función del número de personas que conformen la unidad familiar y con un tope anual de 71-140 euros. En el caso del gas, se aplica un descuento fijo que va de los 22 a los 116 euros anuales, también sujeto al número de personas en el hogar. Para el caso de las viviendas que cuentan con calefacción central, entregan un cheque individual de 119 euros anuales, siempre y cuando en la vivienda haya más de una persona.
No hay comentarios:
Publicar un comentario